El Derecho de la Unión Europea impregna de manera cada vez más intensa la legislación interna de los Estados miembros, también en materia de proceso civil. Al ocuparse de la cooperación internacional y de la litigación transfronteriza, la Unión Europea incide igualmente sobre la regulación de los procesos civiles internos, que deben a menudo adaptarse o equipararse a los estándares europeos. Determinadas normas europeas, destinadas a la armonización de ciertos sectores del ordenamiento privado, también han forzado cambios en las legislaciones procesales nacionales: a menudo, el legislador europeo ha querido asegurarse de ofrecer determinadas herramientas procesales para la tutela de ciertos derechos; en otros casos, ha sido el propio Tribunal de Justicia de la UE quien ha advertido de la insuficiencia de la legislación o de la praxis procesal nacional para dar plena efectividad a normas europeas y ha provocado, con ello, cambios legales. La tensión entre la tradicional autonomía procesal y la tendencia hacia la aproximación de legislaciones se hace así cada vez más patente.

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