La reforma constitucional de junio de 2011 en materia de derechos humanos está produciendo —y lo seguirá haciendo en los próximos años— un nuevo entendimiento de la función estatal en su conjunto y particularmente de la función judicial. Una de las consecuencias más visibles, derivada también de la mutación jurisprudencial desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación ocurrida a partir del cumplimiento de la sentencia interamericana del Caso Radilla, consiste en la comprensión de que hoy todos los jueces mexicanos son jueces de derechos humanos.áLos jueces interamericanos dejan de tener el monopolio de la interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al igual que los jueces federales respecto de la interpretación de la Constitución Federal. Hoy todos los jueces (de cualquier materia y grado) son jueces de constitucionalidad y de convencionalidad dentro de sus respectivas competencias, debiendo siempre interpretar las normas de derechos humanos de conformidad con la Constitución federal y los tratados internacionales, favoreciendo en todo momento la interpretación más amplia.áEsta renovada visión permitirá a los jueces de las entidades federativas, tradicionalmente ajenos a esta función hermenéutica fundamental en la eficacia de los derechos —debido en parte a la interpretación que durante décadas mantuvo la Suprema Corte del artículo 133 constitucional sobre la prohibición del control difuso—, convertirse en los verdaderos protagonistas del cambio de paradigma que nos impone el artículo 1o. constitucional, piedra angular en la actualidad para lograr en cada caso la efectividad de los derechos humanos en juego, sean de fuente constitucional local, federal o convencional.